La Fiscalía de Avilés solicitó 6 años y 5 meses de prisión para dos socios de DMD por dos delitosde cooperación al suicidio (uno en grado de tentativa) y un delito contra la salud pública.
Para la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (AFDMD) no existió tal cooperación al
suicidio. En un caso era una mujer con graves padecimientos permanentes y difíciles de
soportar a la que los acusados nunca conocieron. En el otro caso se confundió la sedación
paliativa con la eutanasia. En cuanto al delito contra la salud pública, DMD consideró que era
su responsabilidad controlar la fiabilidad de la información difundida por Internet referente a
la disponibilidad de la propia vida. Al tratarse de una información al alcance de cualquiera,
DMD quiso evitar males mayores en caso de fraude. Esto sitúa la actuación de DMD en las
antípodas de “causar estragos”, como acusaba la Fiscalía. Por esa actuación, DMD nunca
obtuvo, ni pretendió, ningún beneficio económico.
COMUNICADO DE PRENSA e DOSSIER CASO AVILÉS
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